¿Puede ser eficaz la ayuda sin derechos?

17 enero 2012 | Autor:admin

El foro de Busan concluye sin recoger la mayoría de las peticiones de la sociedad civil y marcando aún más las diferencias entre actores Norte-Sur. Desde la Plataforma 2015 y más, Ana Bustinduy viajó con la delegación de WIDE a Corea para participar en las reuniones del Cuarto Foro de Alto Nivel de Eficacia de la Ayuda, del que hace el siguiente balance.

Viernes 2 de diciembre de 2011

Ayer se cerró en Busan, Corea del Sur, el Cuarto Foro de Alto Nivel de Eficacia de la Ayuda. Durante tres días, los representantes de la OCDE, junto a 300 personas representantes de sociedad civil de todo el mundo, han debatido la agenda para el cambio, un punto y aparte al proceso que inició con la Declaración de París y siguió con la Agenda de Acción de Accra de 2008. La espantada de China fue el gran interrogante en este Foro de Alto Nivel, donde las organizaciones de sociedad civil reclamaban un enfoque de derechos humanos para la ayuda al desarrollo. Finalmente, se respondió en el documento final de conclusiones, con una diferenciación en los compromisos de actores del norte y actores del sur, dejando una puerta abierta a una Asociación para el desarrollo de dos velocidades, pero sobre todo con dobles estándares.

El HLF4 de Busan, suponía varios puntos clave para el contexto actual de la cooperación al desarrollo.

En primer lugar se planteaba un cambio de la agenda de eficacia de la ayuda, hacia una agenda de eficacia del desarrollo. Sin embargo, este cambio, que ha cristalizado en la denominada Asociacion Global para el desarrollo, no ha seguido el camino esperado desde la Agenda de Acción de Accra. Un ejemplo evidente es la terminología: no se ha logrado incluir, como reclamaban las organizaciones de sociedad civil la eficacia del desarrollo, sino que el documento de conclusiones habla de una eficacia de la cooperación al desarrollo. Y esta cooperación se orienta hacia un modelo que, siguiendo las tendencias de la OCDE, Banco mundial e instituciones como la Unión Europea, se basa en el crecimiento económico, con tímidas alusiones a un desarrollo inclusivo, muy lejos de las propuestas de desarrollo sostenible y basado en derechos humanos reivindicado por las organizaciones de sociedad civil globales.

Siguiendo este esquema, los temas clave debatidos en sesiones paralelas llamadas building blocks se centraron en el nuevo contexto, muy relacionado con la movilización de recursos en el actual contexto de crisis económica y financiera con una previsible caída en la ayuda oficial al desarrollo. La inclusión de nuevos actores, como el sector privado como agente de desarrollo, es un tema clave reflejado ampliamente en el documento de conclusiones. En juego estaba la delimitación de en qué términos y bajo qué estándares se plantea la entrada del sector privado. Las organizaciones de sociedad civil planteaban una entrada del sector privado ligado a estándares de derechos humanos, con plena aplicación de los principios de París (rendición de cuentas, alineación con las políticas nacionales, transparencia y orientación a resultados de desarrollo con indicadores de impacto). Señalaban la importancia de que el sector privado no sustituya la responsabilidad de los poderes públicos en la provisión de servicios públicos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos de erradicación de la pobreza. Sin embargo el documento final no recoge estas demandas.

La cooperación Sur Sur, con cabida a nuevos actores que no han suscrito la declaración de París, como los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) es otro marco esencial para incluir a estos nuevos donantes cuyo volumen de desembolso supone un impacto importante en el panorama del desarrollo. De nuevo, las organizaciones de sociedad civil abogaban por potenciar la cooperación sur sur desde un desarrollo centrado en las personas, en el marco de los derechos humanos, con énfasis en la transferencia de conocimiento, tecnologías y capacidades. Tras la presión principalmente de China, en Busan se ha reconocido el papel diferenciado de la cooperación Sur Sur, dejando los acuerdos de Busan como de cumplimiento voluntario para estos actores en lo que se puede denominar un fracaso para establecer estándares basados en las normas internacionales de derechos humanos y los principios de desarrollo sostenible.

La sociedad civil consiguió un logro importante tras Accra, al conseguir sentarse en la mesa de negociaciones como un actor más. Tras las fuertes críticas a la Declaración de París, que se realizó sin proceso de consulta alguno, de cara a Busan sí ha conseguido participar de pleno derecho. Sin embargo, su principal reivindicación, la inclusión de un marco de derechos humanos, ha sido resultado de una infructuosa negociación con pocas posibilidades de verse incluido como elemento estructural que alimentara los compromisos post Busan.

El fracaso ha sido evidente. Solamente se menciona el enfoque de derechos humanos en el párrafo relativo a la sociedad civil, con lo que el nuevo partenariado para el desarrollo, pretende ser un nuevo paradigma, pero en realidad es una suerte de borrón y cuenta nueva frente a los compromisos adquiridos en Accra, retrocediendo casi al punto de partida.

Otras cuestiones esenciales, que realmente marcarían un cambio de rumbo, como la eliminación de la ayuda ligada para 2013 como proponían las organizaciones de sociedad civil ha sido también borrada del documento final. Se retoma a duras penas, tras la fuerte oposición de Japón y Unión Europea, el punto de la Agenda de Accra que hacía mención a revisar los calendarios para ponerle fin: no se establecen fechas ni ulteriores compromisos, ni tan siquiera el de publicación de estos calendarios.

El uso prioritario de los sistemas nacionales, tanto para compras como para monitoreo y seguimiento, petición de Rwanda en el marco de las negociaciones y uno de los pilares de la Declaración de París, recibió también fuerte oposición durante las negociaciones. Finalmente se ha mantenido un deber de argumentación de los países donantes que no prioricen los sistemas nacionales con lo que de nuevo, el pretendido marco de asociación entre socios vuelve a ser la relación asimétrica de donantes y receptores pre París.

En cuanto a la transparencia en el desembolso de los fondos, su publicidad y predictibilidad, ha quedado recogida también de una forma parcial, a través de la referencia a la iniciativa IATI, con el compromiso de que los países la implementen plenamente para 2015.

La ausencia de otras cuestiones esenciales como la coherencia de políticas para el desarrollo o medidas de reconocimiento de derechos (asociación, reunión y libertad de expresión) como vía para establecer un entorno facilitador para las organizaciones de sociedad civil suponen un retroceso considerable, sin que los representantes de los países donantes avancen respecto a los compromisos que adquirieron en Accra.

El impacto puede ser especialmente grave en el marco de los derechos de las mujeres. Las organizaciones de mujeres y movimientos feministas, reunido en Busan, han visto como gran parte de sus demandas clave no tienen viso de realizarse. Si bien desde la Declaración de París, donde no se mencionaba siquiera la equidad de género, se ha avanzado hasta incluir un párrafo en el documento de Busan, no se considera aún suficiente.

El párrafo en su estado actual menciona como medidas la necesidad de contar con indicadores desagregados por sexo, incluir objetivos para la equidad de género como parte de la rendición de cuentas, menciona como referentes los compromisos internacionales en materia de equidad de género y refuerza la idea de transversalización de género al mencionar que todos los esfuerzos de desarrollo tienen que abordar la equidad de género y empoderamiento de las mujeres.

Sin embargo, si no se llega a reconocer en el documento un compromiso con el enfoque de derechos como articulador de las políticas de desarrollo, se corre el riesgo de instrumentalizar el género y las políticas de género en beneficio del crecimiento económico, como se menciona ya en algunos borradores de posiciones oficiales.

Evitar mencionar los derechos de las mujeres pero sí subrayar su empoderamiento económico supone un retroceso frente al que los movimientos feministas y de mujeres han reaccionado con una declaración política que se anexa a la posición de sociedad civil en el foro previo.

La declaración final de las organizaciones de sociedad civil, presentada el día 28, ha tenido pues escaso eco. Poco margen de negociación y pocos visos de cambio de paradigma para la asociación global de desarrollo, que sentará sus bases a través del grupo de trabajo de aquí a Junio de 2012. El papel del Foro de Desarrollo de Naciones Unidas (DCF) puede suponer un nuevo espacio para reivindicar que una eficacia del desarrollo sin compromisos claros difícilmente se conseguirá.

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