La Cumbre de Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable -Río 2012- es un llamado urgente a cambiar la forma de pensar
Jueves 22 de diciembre de 2011
Partiendo de la base de que todo ser humano tiene “derecho a un futuro“, el Informe 2012 de Social Watch afirma que sin sostenibilidad no hay manera de revertir las tendencias mundiales de desigualdad y falta de derechos. En esta línea, focaliza sus miradas hacia la próxima Cumbre de Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable, conocida como Río +20, que tendrá lugar en junio de 2012.
De acuerdo con el Informe, esta próxima Cumbre debería de plantearse como un “llamado urgente a cambiar la forma de pensar” en un contexto de insostenibilidad palpable a nivel global. Este cambio de mentalidad se debería dirigir hacia la redefinición del Estado como “el actor indispenable que establece el marco legal, hace cumplir las normas de equidad y los derechos humanos y fomenta el pensamiento ecológico a largo plazo, basado en la legitimidad democrática”. La hoja de ruta para esta necesaria perspectiva de largo plazo debería pasar por ser conscientes de la responsabilidad histórica que tienen las generaciones presentes de cara a las próximas. Además, es fundamental restaurar los derechos públicos por encima de los privilegios de las grandes empresas. “A pesar de todas las teorías y modelos, la desigualdad es el motivo por el que la pobreza no retrocede o lo hace muy lentamente, aún en países con rápido crecimiento económico. Al darles más derechos a las grandes empresas sin las obligaciones correspondientes, la globalización ha exacerbado las deigualdades en el seno de los países y entre ellos”.
Otra tajante afirmación es que, lejos de enfocar la importancia de Rio+20 hacia la adaptación de nuevos objetivos, la clave para el éxito de esta Cumbre será la implementación de los objetivos ya acordados. Hay necesidad de que se desarrollen a la par “conceptos, resultados y acciones” concretas. Para que esto sea posible, ha de crearse como herramienta clave “un sistema de vigilancia y responsabilidad que pueda lograr que todos los gobiernos, del Norte y del Sur, estén sometidos a una revisión de sus obligaciones en el ámbito nacional y al mismo tiempo, genere el derecho a pedir apoyo cuando se cumple con esas obligaciones nacionales pero los recursos disponibles siguen siendo insuficientes”.
La argumentación de que el desarrollo va ligado a la producción de gases contaminantes queda deslegitimada cuando la palabra “desarrollo” va asociada a bienestar social y no exclusivamente a bienestar económico. Así, en países como Uruguay o Costa Rica, con emisiones de carbono de tres toneladas per cápita al año, “se ha logrado reducir la mortalidad infantil al mismo nivel que un país que emite 20 toneladas al año: Estados Unidos.”
El crecimiento no puede darse a costa de cualquier cosa. La tendencia de las políticas es centrarse en el auge económico. Pero según demuestran los datos del Informe, el crecimiento económico no es proporcional al desarrollo social y medioambiental. El incremento económico requiere de energía, y la energía, según los reportes de las organizaciones pertenecientes a los 66 países de la red Social Watch, está asociada a petróleo, que a su vez está asociado a contaminación. Otra preocupante tendencia es que una alternativa “verde” al petróleo, el biocombustible, supone una importante alteración medioambiental y campesina ocasionada por la expansión del monocultivo agroindustrial para la producción de esta “alternativa energética” que, en la mayoría de los casos, ni siquiera es consumida por el país productor.
Dada la configuración del sistema mundial pueden darse incoherencias entre sostenibilidad ecológica y desarrollo social, pero no por ello ha de abandonarse la búsqueda del concepto de desarrollo sostenible. El primer paso para armonizar estas incoherencias pasa por reconocerlas. Es el caso de Bolivia que depende del gas y el petróleo para financiar sus políticas sociales contra la pobreza pero, a su vez, tiene reconocidos por Ley los Derechos de la Madre Tierra.
En este equilibrio entre “proyecto coherente” y “búsqueda”, la sociedad civil es otro actor clave para reorientar el rumbo insostenible del sistema. Así queda reflejado en la actualidad y por lo tanto también en el Informe. Este 2011 ya no sólo ha estado marcado por la crisis sino por la reacción social frente a ésta. Las revoluciones y levantamientos árabes o el movimiento 15M en España, lanzan preguntas sobre la viabilidad de nuestro futuro. Las democracias se defienden, en ocasiones hasta de sí mismas, pues “cuando faltan los derechos civiles y políticos básicos, la sociedad civil no puede organizarse de forma pacífica, las personas no logran hacerse oír, y las políticas guberamentales pierden calidad”.
Roberto Bissio, Secreatrio Internacional de Social Watch, señala que “este ’derecho a un futuro’ es la tarea más urgente del presente. Se trata de la naturaleza, sin duda, pero también se trata de nuestros nietos y de nuestra propia dignidad, de las expectativas del 99% de los 7 mil millones de hombres y mujeres del mundo, de niñas y niños a quienes hace dos décadas se les prometió sostenibilidad, y que en cambio han visto que sus expectativas se transforman en fichas de un casino financiero mundial que no controlan”.
Así, para comprender el concepto de Estado y su función a cumplir en este marco crítico, habría que defender que la financiación no pasa tanto por invertir en un “rescate financiero de los bancos de los países más ricos que se habían vuelto demasiado grandes para fracasar”, como por una inversión seria y coherente en la tecnología, coordinación y redefinición de un futuro necesario para todos. Ha de asumirse profundamente la importancia de los límites: no de los límites en derechos (discurso gubernamental tradicional frente a las adversidades), sino de los límites del crecimiento que configuren la sostenibilidad del sistema.
